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El Gobierno empezará a tramitar la ley de la reforma integral del régimen económico de los trabajadores autónomos a finales de este mes. Esta reforma nace de los puntos 31 y 32 (de los 150) del acuerdo firmado por Ciudadanos y Partido Popular para el apoyo a la investidura del nuevo Gobierno. Las principales medidas de las que gozarán los autónomos de forma inmediata
serán las siguientes: - Ampliación de la cuota reducida de 50 euros para los nuevos autónomos de 6 meses a 1 año. - Cotización por el tiempo realmente trabajado. - Eliminación de la cuota a las autónomas de baja maternal, o en caso de baja por riesgo médicamente demostrado durante el embarazo, incluso en los casos en los que no se contrate un trabajador de sustitución. - Clarificación de las distintas deducciones. En una segunda etapa se creará una subcomisión para modificar el RETA con el
objetivo de cumplir el resto de lo acordado en dichos puntos 31 y 32, como por ejemplo: - No cotizar si los ingresos son inferiores al SMI. - Fórmulas de cotización a tiempo parcial y para el que tenga vocación de no habitualidad o complementariedad económica. - Compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad por cuenta propia. - Facilitar la posibilidad de que los autónomos opten por que se les contabilice, de cara al cómputo de la pensión, la totalidad de la vida laboral. - Fortalecer su protección social para hacerla equiparable a las prestaciones del régimen general.

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El Tribunal Supremo, en su Sentencia núm. 472/2016, de 13 de julio de 2016, ha dejado sentados los requisitos para que prospere la acción individual de responsabilidad instada por un acreedor contra el administrador de una sociedad que cierra de facto, incumpliendo los deberes de disolución y liquidación de la misma.

Se establece que el administrador de una sociedad mercantil que cesa en su actividad sin proceder a disolverla y y liquidarla es el responsable de probar la inexistencia de bienes y derechos o el destino de lo adquirido con la liquidación de los existentes, sin que se pueda imputar la carga de la prueba al acreedor demandante. Se estima el recurso extraordinario por infracción procesal.

Ver sentencia en PDf 

 

El 2 de octubre de 2016 es la fecha de entrada en vigor de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Esta Ley obliga, entre otros, a las personas jurídicas y a las entidades sin personalidad jurídica a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas. Entre las entidades sin personalidad jurídica se incluyen las comunidades de bienes, las herencias yacentes y las comunidades de propietarios.

Esta relación electrónica comprende tanto las notificaciones como la presentación de documentos y solicitudes a través de registro.

La presentación de declaraciones y autoliquidaciones se continuará haciendo como hasta ahora, por no estar afectada por la Ley 39/2015.

Las presentaciones de documentos y solicitudes dirigidos a la Agencia Tributaria deben realizarse obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

En el ámbito aduanero, todos los operadores económicos (personas físicas o jurídicas que se relacionan con la Administración para la aplicación de la legislación aduanera en el desarrollo de una actividad profesional) deben efectuar la presentación de los documentos y solicitudes previstos en la legislación aduanera obligatoriamente a través del registro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluyéndose únicamente las excepciones establecidas en el Código Aduanero de la Unión y en los Reglamentos que lo desarrollan.

El incumplimiento de esta obligación puede ser constitutivo de la infracción tributaria prevista en el artículo 199 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece la imposición de una sanción consistente en multa pecuniaria fija de 250 euros.

Se excluyen de esta obligación de presentación por vía electrónica las excepciones previstas en el resto de la normativa vigente que obligan a la presentación en papel o soporte físico (originales de avales, documentos notariales, judiciales, etc.).